En Colombia las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) han aspirado a que el gobierno, la sociedad colombiana y especialmente la comunidad internacional los considere como actor beligerante del conflicto armado colombiano. Dentro de los cánones del derecho internacional nunca se le ha reconocido la posición de actor armado. Algunos aspectos que explican la negativa a este reconocimiento son los continuos ataques a la población civil, una falta de concreción en sus objetivos militares, el uso de métodos desproporcionados y la violación recurrente al DIH con la consecuente deshumanización. Esto ha propiciado que dentro de la sociedad colombiana y ante la comunidad internacional no se les haya dado el trato de delincuentes políticos que han deseado, como el último eslabón de la cadena de gabelas o privilegios que obtendrían si llegan a tener la categoría de combatientes y/o de beligerantes.
