Sobre Procesos de Paz.

En Colombia es necesaria una reflexión sistemática sobre lo que han sido y podrán ser los procesos de paz con grupos al margen de la ley, ya que la búsqueda de la reconciliación nacional es indispensable para mejorar las expectativas de desarrollo y equidad nacional. Hasta el momento, los procedimientos desarrollados han sido coyunturales y las herramientas utilizadas diferentes en cada proceso. No se tiene en Colombia un modelo único orientador para la negociación, la desmovilización y la reinserción de grupos alzados en armas. Los marcos jurídicos, las peticiones en la negociación de los grupos ilegales, las concesiones por parte del gobierno y las posteriores reinserciones a la vida civil, han sido los grandes escollos a sortear en estos procesos. En la medida en que los diferentes gobiernos han pretendido conjurar la crisis de orden público a través de mecanismos legales transitorios, ha sido enorme la dispersión de normas y críticos los efectos de la temporalidad de las mismas.

Según Daniel García peña, la evolución, combinación e interacción a lo largo de los años entre las políticas de los gobiernos y la respuesta de los insurgentes han producido dos “modelos históricos” distintos para la resolución de conflictos: el primero, moldeado durante la presidencia de Betancur y desarrollado conjuntamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el segundo, como resultado de las negociaciones entre la administración Barco y el Movimiento 19 de Abril (M-19). Estos dos modelos no cobijan el proceso con las AUC. Cada uno de los dos modelos de negociación Barco/M-19 y Uribe/Autodefensas, ha hecho aportes significativos consolidando nuevos elementos claves. Estos elementos podrían ser los ingredientes para un futuro tercer modelo de resolución de conflictos, en donde se aprenda de las lecciones del pasado, ajustándolas a las realidades del presente y futuro proceso con otras organizaciones al margen de la ley.

Un componente central del nuevo modelo de negociación para el futuro, tendrá que ser el papel activo de la sociedad civil desde el mismo momento de instauración de la mesa de negociación, en donde se ponga en discusión la reparación de víctimas y territorios afectados por el conflicto.

Una lección que podemos encontrar es que el diseño de los Acuerdos iniciales puede tener “imprecisiones” y, en ese sentido, es necesario encontrar criterios de flexibilidad que no afecten la finalidad del proceso general. Los ejemplos positivos de conflictos resueltos a nivel internacional han dejado errores y aciertos en materia de participación y verificación de procesos de paz. La participación internacional en la verificación y acompañamiento de conflictos es cada vez más importante y pertinente. En esta coyuntura de la historia es imposible hacer acuerdos políticos en los procesos de paz, que desconozcan el panorama internacional de justicia y reparación de víctimas así como los lineamientos de la Corte Penal Internacional.

En lo referente a lo jurídico, se debe tratar de consolidar por parte del gobierno, una línea normativa flexible y adaptable a los procesos de paz que aun faltan por llevarse a cabo en el territorio nacional.

Diego Rivera Tascón.