Por César Caballero de Cifras & Conceptos S.A.
Publicado originalmente en Portafolio, La Patria y El Universal.
Para la mayoría de la sociedad y sus actuales dirigentes no es un dato relevante. De hecho siguen pasando los días, las semanas, los meses y los años sin que podamos contar con él y a nadie, o mejor a muy pocos, parece preocuparles. Salvo un grupo muy pequeño de técnicos del Estado y algunos académicos y columnistas, el resto de la sociedad colombiana puede vivir, de hecho lo hace, sin notar su ausencia.
Estoy mal acostumbrado. Durante toda mi vida profesional, siempre supe que existía, cuando lo requería había un lugar público donde consultarlo y en más de una ocasión me entretuve tratando de entender de dónde salía y cómo se calculaba. Desde 1978 Colombia contó con ese dato, de forma anual en una serie que mucho nos dice sobre nuestros logros y retos como sociedad. Más adelante se generó para algunas regiones y desde el 2000 se pudo obtener desagregaciones para la mayor parte de los departamentos. Si bien he llegado a lamentarme de su sesgo urbano y falta de cobertura en otros territorios, hoy añoro poderlo consultar. Pero no existe.
Un grupo de personas tomaron decisiones, apresuradas en el mejor de los casos, que hoy nos privan de su existencia. Les dió por cambiar, de manera repentina y sin contarle a nadie, el instrumento con el cual se recogía la información primaria. ¡Nadie puede negarse a las mejoras informáticas y los ahorros de papel! dijeron. También cambiaron el orden de algunas preguntas en un formulario, que a su juicio era obsoleto.
Se olvidaron que otras personas, durante cuatro años revisaron ese formulario, le hicieron pruebas piloto, lo anunciaron y discutieron en seminarios técnicos y académicos y además, tuvieron la prudencia de, por todo un año, realizar el levantamiento de la información primaria con los dos instrumentos. Luego, ambas bases de datos fueron puestas a consideración del escrutinio de quien quisiera analizarlas.
Aquí no lo hicieron así. Todo lo contrario, procedieron en secreto, con sigilo. Una vez cuestionados no dieron explicaciones sino que atacaron a quienes levantaban la mano y señalaron sus motivaciones como torcidas y malintencionadas. Además, dejaron de entregar las fuentes primarias que permitían hacer el cálculo, de tal forma que sólo un pequeño grupo de iluminados, de forma secreta y poco transparente pudieran obtenerlo. La estrategia duró poco, y pronto, la tozudez de los datos los dejó en evidencia. Así que al final, como quien no quiere la cosa tuvieron que reconocer el error. Tranquilos, dijeron, de ahora en adelante lo corregiremos. Volveremos a aplicar el antiguo instrumento y el nuevo durante un año para ver que pasó y tener un dato más sólido. Pasa el tiempo y seguimos sin respuestas.
La última vez que fue calculado de forma oficial, más no pública, fue junio del 2006. Hoy en septiembre de 2008, no sabemos qué pasa. A unos pocos nos preocupa, y mucho, porque se trata de entender la situación de gente de carne y hueso, que en la vida real requieren de buenas decisiones de política. Pero claro, en el cataclismo político en que vivimos, eso no importa. El dato del que trata esta columna es el nivel de pobreza por ingresos.
