Se hace prioritaria la consolidación de instituciones fuertes que puedan regular la actividad minera, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes e implementar mecanismos sancionatorios eficientes que permitan garantizar el adecuado ejercicio de la actividad minero-energética. Dichas instituciones deberán ejercer las funciones y responsabilidades respecto a la formulación de política, planeación, administración del recurso, regulación, vigilancia, control, generación de conocimiento del subsuelo, manejo de los sistemas de información, promoción, monitoreo de riesgos, atención, y prevención a emergencias de manera que la actividad minera sea un generador de crecimiento para el país y para las regiones con un mínimo impacto social y ambiental.
