A partir de la exigencia del artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia acerca de la necesidad de que los municipios y departamentos cuenten con una política pública de infancia y adolescencia, han sido varias las apuestas de documentos metodológicos que faciliten esta tarea y compromiso a las entidades territoriales.
La Mesa Nacional de Infancia y Adolescencia, construyó los lineamientos para la inclusión del tema en los planes de desarrollo territoriales como el primer paso para la formulación de esta política con enfoque de derechos, diferencial y territorial. No obstante, hay algunos municipios y departamentos que aún no han emprendido esta acción, han manifestado alguna dificultad en la comprensión de la propuesta nacional.
Por esta razón entidades como el ICBF en su calidad de rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el PNUD, UNICEF, la Fundación Restrepo Barco entre otros, en cumplimiento de la función de cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades territoriales, y experiencias territoriales de Santander, Nariño y Valle han servido como insumo para fortalecer la construcción de documentos técnicos y metodológicos más amigables que faciliten la construcción de la política de infancia y adolescencia.
¿Qué es una política pública?
Es el arte de construir acuerdos en torno a los grandes objetivos que convienen a todos los miembros de la comunidad. Se trata de acuerdos sobre los logros que deben alcanzarse, sobre el proceso que debe emprenderse para alcanzarlos, sobre los esfuerzos financieros y operativos que corresponden a cada uno de los responsables de lograrlos, sobre las acciones en torno a los cuales se moviliza la comunidad y sobre el mecanismo para vigilar los avances del proceso emprendido. Lo público es aquello que beneficia a todos los miembros de la comunidad.
